Impresiones del viaje
Un importante sustrato cultural de autoorganización y autogestión que responde por la subsistencia de grandes mayorías, determinan la presencia de una diversidad de iniciativas de economía popular en el Ecuador, con una preponderancia de la agricultura familiar campesina e indígena y del artesanado. Destacan las iniciativas impulsadas desde la Iglesia Católica y desde organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de la cooperación internacional. Desde tales experiencias se reivindica el desarrollo de la economía popular, entendida como satisfacción de necesidades humanas básicas, superación de la pobreza, resolución del problema alimentario, etc.
No obstante el hecho que formen parte de la economía popular no implica que automáticamente formen parte de un sector de economía solidaria en construcción. Para este paso de lo económico-corporativo a lo político-social es decisivo contar con una propuesta de transformación social a partir de la cual puedan reconocerse y distribuirse roles entre los impulsores.
La relevancia de la propuesta de transformación social radica en que una economía solidaria no necesariamente que tiene que ser equitativa, sustentable, territorialmente equilibrada, culturalmente pertinente, políticamente descentralizada, etc. Es decir, las relaciones de reciprocidad y altruismo en la economía pueden ser funcionales a diversos proyectos de sociedad, incluyendo por cierto el caritativismo compasivo de los neoconservadores en Estados Unidos, por dar un ejemplo extremo.
La discusión sobre estos asuntos es aún incipiente, no sólo en Ecuador sino en América Latina en su conjunto. A modo de ejemplo, con todas sus fortalezas, el proceso del Foro Brasileño de Economía Solidaria recién en el segundo Gobierno de Lula se ha sentido en condiciones de entrar a discutir un marco de política pública nacional. Ni siquiera de reforma del Estado, como se pretende en Ecuador.
Por lo mismo, se requieren importantes esfuerzos y articulaciones para ello. Y antes que nada, una capacidad de comprensión de los procesos de globalización neoliberal y crisis ecológica planetaria (energética, climática, hídrica, etc.), como también de las posibilidades de la sociedad ecuatoriana para lidiar con ellos, en el actual concierto latinoamericano. Esto implica capacidad de teorizar.
El riesgo de no abordar estos asuntos puede llevar a una corporativización de los planteamientos del Movimiento de Economía Solidaria, donde cada organización dispute frente a otra sus prerrogativas en la interlocución con el Gobierno y/o en la ejecución y financiamiento de las políticas públicas de economía solidaria. Esto es un riesgo real, tratándose de ONGs que descansan en un decreciente financiamiento de la cooperación internacional y que pueden verse tentadas a sustituir tal fuente por recursos gubernamentales para continuar con el mismo tipo de actividades, hipotecando la necesaria autonomía en que debería darse un debate sobre políticas públicas o marco regulatorio para la economía solidaria. Lo mismo cabe respecto de organizaciones que no logran sostenibilidad de su acción como movimiento social y ven en los recursos estatales una forma de resarcirse del desgaste del activismo.
Este escenario se vuelve más plausible en la medida que el Gobierno aparece mejor investido de elementos discursivos que el propio Movimiento de Economía Solidaria del Ecuador, dada la proveniencia de cuadros profesionales desde el ámbito de las ONGs que trabajan por constituir el sector solidario de la economía.
Chile es pródigo en ejemplos de este tipo y sus resultados han sido fatales. En particular, a inicios de los años 90’s fueron este mismo tipo de actores los que, gracias a su conocimiento experto del mundo social y de las redes de cooperación internacional, lograron canalizar hacia el Gobierno un importante flujo de recursos destinados anteriormente a ONGs, determinando un elevado nivel de control estatal sobre la agenda de la sociedad civil. Claramente, el contexto chileno de los “Pactos de la Transición” entre la Concertación de Partidos por la Democracia y la Dictadura, es diferente del contexto ecuatoriano de Asamblea Constituyente. Sin embargo, considerando la dramática evolución de la política ecuatoriana en los últimos años, conviene no perder de vista este riesgo.
Por lo mismo, la existencia de un Gobierno Nacional y un Ministerio de Economía dispuesto a institucionalizar el dialogo con el Movimiento de Economía Solidaria, mediante la creación de una Subsecretaría de Economía Solidaria, debe evaluarse no sólo como una posibilidad de avance, sino también como un riesgo.
Cabe destacar que distintos Gobiernos progresistas en América Latina han debido hacerse cargo de Estados debilitados por el neoliberalismo y de condiciones de gobernabilidad adversas generadas por las dinámicas globalizantes desatadas. En tales casos, a distintos Gobiernos les ha resultado tentador diseñar programas de cortísimo plazo que aborden las urgencias socioeconómicas de la población y de paso generen una base electoral que les permita mantenerse en el tiempo, posponiendo reformas estructurales que reviertan el avance neoliberal e injusticias históricas en distintas sociedades. El cambio de énfasis del Gobierno de Lula en la campaña “Hambre Cero”, desde la Reforma Agraria a las Canastas Alimentarias, da cuenta de esto. El mismo modelo ha sido empleado por todos los gobiernos de Argentina desde De la Rúa, por el mismo Tavaré Vázquez en Uruguay y por los Gobiernos de la Concertación de Chile, desde la Crisis Asiática.
Frente a organizaciones comprometidas con la economía popular, particularmente ONGs de fomento productivo y comercialización comunitaria, la posibilidad de el Gobierno reconozca sus iniciativas específicas como ejes de política nacional es una posibilidad atractiva para superar cuellos de botella financieros, ampliar sus escalas de operación y lograr impactos que redunden en el reconocimiento público y sostenibilidad de su acción social.
No obstante, haciéndose cargo exclusivamente de esta agenda “práctica”, orientada a dar solución de corto plazo a problemas estructurales, estas organizaciones pueden terminar consumidas en las contradicciones e insuficiencias de una gestión pública gubernamental, no necesariamente esclarecida o comprometida. En breve, pueden terminar abandonando en la práctica y en el discurso, la construcción de una propuesta de transformación social, a favor de la administración de acciones “concretas”.
Sobre esto, distintas iniciativas millonarias de “alivio a la pobreza” han demostrado una efectiva capacidad de desmovilización y despolitización de movimientos sociales emergentes, los que terminan fraccionados disputando recursos públicos o enemistados con sus propias bases por defender posiciones gubernamentales o por restarse de posiciones de los mismos movimientos sociales. Los efectos del Programa ORIGENES en Chile, diseñado por el BID y el Ministerio de Planificación, para el “desarrollo de comunidades indígenas”, es aleccionador al respecto.
Algunas recomendaciones
Aprovechar las elaboraciones preexistentes de movimientos sociales como base para discutir propuestas de políticas públicas: considerando el perfil de quienes conforman el naciente Movimiento de Economía Solidaria del Ecuador y la existencia de propuestas de transformación social con mayor nivel de elaboración desde movimientos sociales alterglobalización, parecería conveniente nutrirse desde ellos para levantar en lo inmediato algunas propuestas de política pública en materia de Otra Economía Posible. Tal sería el caso del planteamiento de “Soberanía Alimentaria”, construída desde Vía Campesina, en torno del cual se han ido elaborando un conjunto de orientaciones respecto de un variado espectro de temas críticos como: reforma agraria, biodiversidad, comercio internacional, transgénicos, deuda externa, monocultivos, propiedad intelectual, agua, biocombustibles, etc. Gran parte de esta agenda corresponde a la reacción del movimiento campesino respecto de agresiones de empresas transnacionales y se dirige hacia los respectivos gobiernos. Sin embargo, hay una debilidad mayor en la construcción de una agenda autónoma de los movimientos sociales, que haga de la transformación social hacia la Sobernía Alimentaria algo que ya ocurre. Aquí es donde los aprendizajes inspirados por la construcción de una economía solidaria pueden hacer aportes sustantivos.
Invertir en procesos de sistematización, teorización y formación política: el actual escenario de Ecuador amerita un salto cualitativo de la autocomprensión de las organizaciones de la sociedad civil que, más allá de ser convocadas a un diálogo de políticas públicas, se les pide ser partícipes de la refundación del mismo Estado. Esto implica apropiarse de un conjunto de categorías de análisis que sobrepasan aquellas que permiten gestionar una práctica, organización o red. En particular, aquellas que permiten pensar la tensión entre modernidad y tradición, en un contexto de crisis ecológica planetaria; los derechos humanos y, específicamente, los derechos económicos sociales y culturales, como referentes éticos de un discursos de economía solidaria; las relaciones que se establecen entre economía capitalista, economía estatal y economía popular en un escenario global, incluyendo aquí el decisivo tema de las migraciones para Ecuador; la disyuntiva entre gobernabilidad y gobernanza, que atañen al mayor o menor peso del nivel nacional del Estado, respecto de los niveles regionales y locales, y del Ejecutivo, respecto del Legislativo y del Judicial.
Canalizar recursos públicos para invertir en complejidad antes que en masividad: canalizar recursos del gobierno preferentemente hacia nuevas articulaciones y roles de organizaciones de la sociedad civil que impulsan una economía solidaria, antes que a la ejecución de acciones inmediatas financiadas por el Gobierno. Es importante aquí reconocer que la Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria no se hizo cargo de Hambre Cero en el Gobierno de Lula, sino que empleó los recursos de la Secretaría Federal de Economía Solidaria para capitalizar el proceso que llevó a levantar el Foro Brasileño de Economía Solidaria, a partir de lo cual recién en el segundo Gobierno de Lula se sentaron a discutir un marco de políticas públicas. Precisamente, tal capitalización consistió en grandes procesos de deliberación y construcción de posiciones políticas del naciente movimiento, así como de sistematización, teorización y formación a partir de sus experiencias.
Experiencias, citado por el Mercurio de Ecuador
